La contrata es el empleo transitorio de la Administración. El artículo 10 de la ley 18.834, el Estatuto Administrativo, dispone que dura como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. La ley 18.883, de los funcionarios municipales, establece la misma regla.
Sin otra protección, la autoridad puede disponer su no renovación sin dictar un acto especial. La confianza legítima limita esa discrecionalidad. Desde marzo de 2023, la Tercera Sala de la Corte Suprema la reconoce tras más de cinco años de renovaciones (rol 26.112-2023).
Con ella, y salvo otras causas legales, solo se puede poner término al vínculo “en virtud de declaración de vacancia (suscitada en calificaciones deficientes)” o por destitución en un sumario. Eventualmente, también por un acto fundado (rol 4.630-2026, c. 2° y 3°).
El criterio de Contraloría
En su instructivo de 2021, Contraloría exigía más de dos años de renovaciones. La confianza nace, sostuvo, porque un organismo requiere los servicios de una persona “de manera constante y reiterada”. Por eso “no resulta relevante si las vinculaciones previas lo son por contratas que difieren de aquella que no fue prorrogada”. Tampoco importa que difieran “en la planta de asimilación, en el grado o en la función específica asignada” (dictamen E156769/2021, secc. IV).
Exigía que “no haya interrupción entre una designación y la siguiente”, y la expectativa era que la última contrata se renovara “en el mismo grado y estamento de asimilación”. Quien dejaba una jefatura de departamento conservaba el tiempo previo, porque asumirla “no implicó un alejamiento del servicio” (dictamen 21.536 de 2019).
Contraloría dejó fuera las suplencias y los reemplazos. También excluyó a los jefes y asesores de gabinete, “atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas” (secc. III).
Desde noviembre de 2024 se abstiene de resolver sobre la confianza legítima en las contratas, porque la materia “devino en litigiosa” (dictamen E561358/2024).
Lo que cambió en la Corte
Entre 2023 y febrero de 2026, la Corte también computó los años de contrata en un mismo servicio aunque cambiaran el grado, el cargo o las funciones. En julio de 2023, en un fallo redactado por el ministro Matus, constató que un profesional de la JUNJI “ha ejercido diversas funciones (…) todas bajo la modalidad de contrata” (rol 162.628-2022).
En diciembre de 2023 y en junio de 2025 sostuvo que la extensión necesaria está determinada por la relación estatutaria “y no por la asimilación a un grado específico” (rol 161.503-2023; rol 5.929-2024). En febrero de 2026 computó “más de ocho años de servicios continuos” de una funcionaria que se trasladó entre facultades de la Universidad de Chile (rol 32.235-2025).
Ese cómputo no siempre protegió el grado de una jefatura. La Corte lo repuso o lo mantuvo en 2023 y 2024 (rol 161.503-2023; rol 80.850-2023), y desde agosto de 2024 permitió rebajarlo con un acto fundado (rol 14.117-2024; rol 54.532-2024).
Las lagunas ya interrumpían el cómputo, para Contraloría y para la Corte. En 2025 sostuvo que la confianza “no considera la accesión de contrataciones anteriores que no sean continuas en el tiempo” (rol 6.274-2025).
Los honorarios los sumó en fallos de 2019 y 2020 (rol 31.312-2018; rol 38.634-2019) y dejó la cuestión abierta en 2023 (rol 26.131-2023). Desde noviembre de 2025 los excluye (rol 28.288-2025; rol 8.998-2025).
El 8 de abril de 2026 exigió cinco años “de desempeño continuo en el ejercicio del cargo”. No cuenta las “labores ejercidas en otras calidades, funciones o frente a lagunas temporales” (rol 6.145-2026, c. 3°). No encontramos uno anterior con esa frase. Desde entonces la repite en fallos breves que no describen los hechos del caso.
Dos días después excluyó en forma expresa una suplencia, porque la institución “supone la existencia de una contrata y no otro vínculo” (rol 31.763-2025, c. 7°). Contraloría ya dejaba fuera las suplencias, y en 2020 la Corte había dicho que la confianza “no se aplica a las suplencias” (rol 76.262-2020). En 2025, en cambio, había computado una trayectoria que terminó en suplencia, según el servicio (rol 5.929-2024, c. 2° y 3°).
Lo nuevo, en los fallos que revisamos, es que la suplencia interrumpa el cómputo y, sobre todo, que lo interrumpa un cambio de funciones dentro de la misma contrata.
El 27 de octubre y el 2 de noviembre, la Sala dictó dos fallos redactados por el ministro Astudillo, sin votos en contra. En ellos vinculó la confianza también “a la calidad jurídica con la que se sirven” (rol 16.765-2026, c. 3°; rol 10.537-2026, c. 5°). El primero agregó “y sus cometidos específicos”.
Su razón es que la institución “implica una expectativa de reiteración de la actuación de la Administración”. Es decir, que el órgano mantenga a la persona “en el mismo cargo y labor por un nuevo periodo”. El 2 de noviembre aplicó la fórmula a un cambio de funciones dentro de la misma contrata. Es la decisión más antigua de ese tipo que encontramos (rol 10.537-2026).
En mayo, una prevención de dos integrantes ya había sostenido que pasar de conductor a examinador de licencias interrumpía el cómputo (rol 2.426-2026). En septiembre, en cambio, otra integración computó los años de una secretaria que la Municipalidad de Lo Prado destinó a asistir a un concejal. Para la mayoría, esa decisión sobreviniente “no alteró la naturaleza de las tareas” (rol 11.974-2026, c. 5°).
Por qué el cambio es peligroso
En nuestra lectura, el problema radica en quién determina la calidad jurídica y las funciones. Las determina la autoridad, que nombra en suplencia, destina y asigna otras funciones.
Con el criterio de los fallos de 2026, un acto de la propia autoridad puede interrumpir el cómputo de los cinco años de renovaciones sucesivas que exige la confianza legítima. La garantía que limita la discrecionalidad de la autoridad puede quedar a disposición de esa misma autoridad.
Podría sostenerse que en Maipú la funcionaria aceptó la suplencia. El propio decreto municipal que aceptó su renuncia a ella dispuso “Reconózcase la continuidad de la contrata”. En IDIEM, el cambio de funciones obedeció al término del contrato del centro con Huachipato, y la Corte también desestimó la confianza legítima (rol 10.537-2026, c. 3°, 7° y 8°).
Contraloría también dejaba fuera las suplencias y, salvo traspasos legales, los honorarios, pero no interrumpía el cómputo por un cambio de grado o de función. La Corte, en los dos fallos de octubre y noviembre, atiende además al cargo y la labor, que determina la propia autoridad.
Los casos
En Maipú, una abogada a contrata desde 2018 fue nombrada suplente de directora jurídica en 2021. En junio dejó la suplencia por renuncia. En 2023, el municipio le confirió un reconocimiento público por sus cinco años de “servicio ininterrumpido”. En 2024 dispuso su no renovación, por tener “una antigüedad en el servicio menor a cinco años”.
La Corte de Santiago acogió y opuso ese reconocimiento al municipio (Protección 16.911-2025). La Corte Suprema revocó el 3 de julio, no abonó la suplencia y computó el plazo desde junio de 2021 (rol 4.630-2026, c. 5° y 7°). No se refirió a la cláusula de continuidad. Los dos tramos de contrata suman más de cinco años, y el fallo descarta el primero solo por falta de la “continuidad temporal necesaria”.
En el IDIEM, centro de la Universidad de Chile, una técnica a contrata desde 2016 pasó a profesional en 2019. Trabajaba en un contrato del centro con la siderúrgica Huachipato, que terminó en octubre de 2024. El centro le asignó funciones de digitadora y luego de químico analista, y en noviembre de 2025 dispuso su no renovación.
La Corte de Concepción rechazó porque el decreto explicitaba “las causas externas y operativas” de la no renovación (Protección 22-2026). La Corte Suprema confirmó por otro fundamento. Desde noviembre de 2024 cambió de funciones, y no permaneció “en un mismo cargo a contrata y en semejante calidad o funciones” (rol 10.537-2026, c. 7° y 8°). Entre octubre de 2019 y ese cambio pasaron cinco años y un mes, cuenta que el fallo no hace.
En Valparaíso, una profesional a contrata desde 2017 alternó suplencias y contratas desde el 1 de abril de 2022. Un decreto del día anterior terminó su contrata “por cambio de estamento y calidad funcionaria”. La Corte de Valparaíso acogió, porque “no hubo solución de continuidad” (Protección 8.572-2025).
El municipio alegó que ella renunció “en, a lo menos, tres ocasiones”, y la Corte Suprema no lo resolvió. Revocó el 27 de octubre y computó el plazo desde la contrata posterior a la suplencia de 2023 (rol 16.765-2026, c. 5°).
En el Servicio de Salud Antofagasta, un funcionario fue suplente de una jefatura seis meses de 2020 y luego tuvo contrata hasta junio de 2025. Con la suplencia, el plazo alcanzaba cinco años y cuatro meses; sin ella, cuatro años y diez meses. La Corte de Antofagasta acogió. La Corte Suprema revocó el 30 de abril, por tres votos contra dos (rol 41.866-2025, c. 9°).
La exclusiva confianza
En julio de 2023, la Corte resolvió por otra vía el cese de una abogada de Quinta Normal, a contrata desde 2014 y directora jurídica titular desde 2021. Aplicó el artículo 47 de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, a quienes son “designadas como titulares” (rol 110.978-2022, c. 3°).
En junio de 2025, en un voto en contra, el ministro Matus sostuvo que “el grado 5 corresponde a personal directivo a quienes no les asiste la confianza legítima” (rol 3.888-2025).
La doctrina
En la doctrina académica que reunimos, ningún autor propone exigir la misma calidad jurídica, cargo o labor. Un artículo académico de 2025 critica el plazo de cinco años y lo llama “tesis del quinquenio”. Algunas columnas las conocimos solo por resumen, y algunas tesis no estuvieron accesibles.
Qué revisar si se trabaja a contrata
1. Cada decreto, como el de Maipú que reconocía la continuidad de la contrata.
2. El certificado de relación de servicio completo. El de Antofagasta registraba una contrata anterior que nadie mencionó.
3. Quién dispuso cada cambio, con qué acto y si alteró la naturaleza de las tareas, como en Lo Prado.
4. Los años anteriores al cambio. En IDIEM pasaban de cinco. En Maipú no llegaban a tres, pero los dos tramos de contrata sumaban más de cinco.
Qué cuidar desde el servicio
1. Los actos ya dictados, como el reconocimiento de Maipú, que la Corte de Santiago opuso al municipio en un considerando que la Corte Suprema eliminó.
2. Un acto expreso si termina la contrata. En Quinta Normal, la Corte de Santiago la entendió vigente “salvo constancia expresa de extinción”, considerando que la Corte Suprema eliminó.
3. Los fundamentos, en el propio decreto. En Maipú, la Corte de Santiago no aceptó un memorándum que el decreto no citaba, en otro considerando eliminado.
4. La calidad del nombramiento, si se invoca la exclusiva confianza, porque la Corte Suprema leyó el artículo 47 respecto de titulares.
Revisamos la base de dictamina de la Tercera Sala, cargada hasta el 9 de noviembre de 2026, y la selección del buscador del Poder Judicial hasta el 10 de noviembre. Leímos completos los fallos citados y los 111 que mencionan la confianza legítima desde el 8 de abril de 2026. También leímos los anteriores que mencionan una suplencia y los que mencionan honorarios desde noviembre de 2025. No revisamos los precedentes que citan las sentencias de Apelaciones.
En ese universo, la fórmula del mismo cargo y labor está en dos fallos. Ninguno cita otros fallos de la Corte.
Editor fbg.