Blog · 16 de noviembre de 2026

Qué confirman las Cortes en los sumarios de la Ley Karin y qué sigue en discusión

En el sector público, quien recurre contra un sumario por acoso es casi siempre el denunciado, y casi siempre pierde. De los 12 fallos del sector público en que pesa la ley, el denunciado recurrió en 8 y el órgano ganó en 11.

¿Qué cambió la ley 21.643 en el sector público?

La ley 21.643, conocida como Ley Karin, se publicó el 15 de enero de 2024 y rige desde el 1 de agosto de ese año. Modificó el Código del Trabajo y las leyes de los funcionarios para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

En la ley 18.575, de bases de la Administración del Estado, obligó a los órganos a prevenir, investigar y sancionar el acoso (art. 13). También a tener un protocolo de prevención (art. 14). Hizo del acoso una falta a la probidad (art. 62 N° 10).

Los cambios que tocan el sumario están en el Estatuto Administrativo, la ley 18.834, y en el de los funcionarios municipales, la ley 18.883. El acoso laboral ya era una prohibición del estatuto desde 2012, por la ley 20.607. La destitución, en cambio, estaba asignada al acoso sexual, como recuerda Contraloría en el dictamen E305XX/2025.

En cada punto, el primer artículo es de la ley 18.834 y el segundo, de la ley 18.883.

Principios. El sumario y la investigación sumaria se sujetan a la confidencialidad, la imparcialidad, la celeridad y la perspectiva de género (arts. 119 y 118).

Destitución. El acoso laboral se sumó a las causales de destitución (arts. 125 letra b) y 123 letra c)).

Denuncia. Solo se puede desestimar con resolución fundada, notificada a quien denunció en cinco días (arts. 126 y 124).

Fiscal. Se designa preferentemente a uno con formación en acoso, género o derechos fundamentales (arts. 129 y 127).

Víctima. Puede aportar antecedentes, conocer el sumario desde la formulación de cargos, ser notificada y recurrir, como el inculpado (arts. 129 y 127).

Medidas de resguardo. El fiscal debe adoptarlas, como separar los espacios físicos o dar atención psicológica temprana a quien denuncia. Rigen hasta que el procedimiento quede afinado (arts. 136 y 133).

Para el personal del Estado que se rige por el Código del Trabajo, el empleador debe adoptar de inmediato medidas de resguardo (art. 211-B bis). Luego investiga o deriva a la Inspección del Trabajo, y la investigación debe concluir en treinta días (art. 211-C).

El artículo segundo transitorio dispone que los procesos iniciados antes de la ley se rigen por las normas vigentes a la fecha de la denuncia.

Qué leímos y cómo

Leímos 31 fallos de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, de Arica a Temuco, dictados de 2024 a 2026, que mencionan la ley 21.643. Cada uno se leyó completo dos veces, de forma independiente.

En 15 la ley pesa en la decisión, y en 9 la decide. En 16 solo se menciona. De los fallos en que pesa, 12 son del sector público, 4 de la Corte Suprema y 8 de Cortes de Apelaciones.

De la Oficina Judicial Virtual bajamos 29 escritos de 9 de esas causas, con el recurso, el informe del órgano y lo que vino después. Se leyeron completos dos veces, junto con la sentencia. Las causas reservadas no tienen escritos. No revisamos los fallos que citan las sentencias.

Lo que resuelven los tribunales

Vigencia en el tiempo

Un enfermero de un hospital público fue multado por acoso laboral a su jefatura, denunciado en julio de 2024, y alegó retroactividad. La Corte de Iquique (rol 18XX-2025, 9 de enero de 2026) rechazó su recurso.

Distinguió la ley sustantiva de la procesal. Sostuvo que “el acoso laboral no es un tipo infraccional creado por la Ley N° 21.643”. El art. 84 letra m) lo prohibía desde 2012 y la multa ya estaba en el art. 121. Agregó que “las normas procesales rigen in actum”.

El fallo no se refiere al artículo segundo transitorio, que el recurso transcribió. Contraloría lo aplica a los procesos iniciados antes del 1 de agosto de 2024, en el fondo y en el procedimiento (instructivo E5166XX/2024).

La sanción del acoso

El instructivo de Contraloría de julio de 2024 sostuvo que la ley había determinado “la medida disciplinaria de destitución como exclusivo castigo para dicha falta”. En febrero de 2025, Contraloría lo precisó en el dictamen E305XX/2025.

Se apoyó en la oración agregada a los arts. 140 de la ley 18.834 y 138 de la ley 18.883. Esa oración obliga a notificar a quien denunció cuando la autoridad absuelva o “aplique cualquier medida disciplinaria”. Concluyó que “el acoso laboral puede sancionarse con cualquier medida disciplinaria que se contemple en las leyes N°s 18.834 y 18.883, según corresponda, conforme al mérito del expediente”. Lo reiteró en los dictámenes E2077XX/2025 y D7X/2026.

En Copiapó (rol 8X-2025, 21 de julio de 2025), una jefa municipal destituida por acoso laboral a una subalterna invocó ese dictamen. La Corte sostuvo que “la medida disciplinaria de destitución es la única sanción aplicable tratándose de falta de probidad administrativa y, en particular, además, si se trata de acoso laboral”.

En Concepción (rol 74X-2025, 15 de abril de 2025), la Corte calificó la destitución por acoso laboral como medida “expresamente establecida en la ley”, y por eso no desproporcionada.

El plazo de 30 días

La Corte de Rancagua (rol 40X-2025, 3 de octubre de 2025) aplicó el art. 211-C del Código del Trabajo a un sumario municipal. Lo calificó de plazo perentorio, fundado en la gravedad de las conductas. Concluyó que, “habiendo preterido lo dispuesto en el artículo 211-C antes mencionado, ha incurrido en la referida ilegalidad”.

La Corte Suprema (rol 56.6XX-2025, 13 de mayo de 2026) conoció el recurso de una sargento de Carabineros. Ella había denunciado acoso y reclamaba que la investigación no concluía en 30 días. Resolvió que “de momento que respecto de Carabineros de Chile existe una regulación especial en la materia, significa que no puede tener aplicación la normativa del Código del Trabajo”. Agregó que la relación con el personal es estatutaria.

Esa razón no la planteó ningún escrito de la causa. El informe de Carabineros sostuvo que la investigación seguía en curso y que el plazo del reglamento no traía sanción.

Medidas de resguardo

En un caso del sector privado, un Cuerpo de Bomberos separó de funciones a un bombero voluntario denunciado por amenazas. La Corte Suprema (rol 37XX-2026, 20 de marzo de 2026) se refirió al deber del art. 211-B bis. Sostuvo que “opera con anterioridad a la determinación de responsabilidad del denunciado y sin que se requiera audiencia previa de este último”.

En Concepción (rol 19.3XX-2024, 18 de noviembre de 2024), la investigadora suspendió la calidad de apoderado del denunciado en la sala cuna del hospital. La Corte resolvió que la proporcionalidad de la medida elegida es una cuestión de mérito.

En Temuco (rol 34XX-2025, 13 de febrero de 2026), Carabineros sacó de su patrulla a un sargento denunciado. La investigación no acreditó el acoso, pero seguía pendiente, y la Corte validó mantener la medida.

En la Suprema (rol 11.9XX-2025, 22 de diciembre de 2025), una municipalidad destinó transitoriamente a una funcionaria que no era inculpada. La Corte de Valparaíso acogió la protección y la Suprema revocó. Calificó la destinación como medida de resguardo del art. 133 de la ley 18.883. Sostuvo que, “siendo la determinación impugnada un acto trámite, éste carece de aptitud para conculcar las garantías fundamentales”.

En otra causa (rol 23XX-2026, 22 de mayo de 2026), abogadas de una corporación de asistencia judicial denunciaron acoso de sus directivos y pidieron ser separadas de funciones. Luego fueron destituidas. La Suprema resolvió que esas medidas “resultan del todo incompatibles con quienes ya no tienen vinculación funcionaria actual con la Administración”.

El fiscal

La directora de un Cesfam municipal, destituida por acoso laboral a una subordinada, alegó que la fiscal no tenía formación en acoso al ser designada. La municipalidad respondió que “la expresión preferentemente no implica obligatoriedad”. La Corte de Concepción (rol 32XX-2025, 15 de enero de 2026) leyó el art. 127 de la ley 18.883 como una preferencia y estimó razonable designar a una abogada.

A pedido de la Corte, la municipalidad reconoció que la fiscal “no contaba con formación en las materias indicadas al 14 de octubre de 2024”. La sentencia menciona los cursos de 2025 que acompañó, y no esa admisión.

La víctima y su acceso al sumario

En 2022, quien denunció un acoso laboral en la Subsecretaría de Redes Asistenciales pidió copia del expediente de la investigación sumaria. El Consejo para la Transparencia ordenó entregar una parte y la Corte de Santiago lo dejó sin efecto.

La Corte Suprema (rol 20.1XX-2024, 28 de enero de 2026) rechazó la queja del Consejo. Sostuvo que el secreto del sumario alcanza a la investigación sumaria. Agregó que “el carácter confidencial de la investigación sumaria ha quedado definitivamente esclarecido hacia el futuro por la Ley N° 21.643”.

El derecho de la víctima a conocer el sumario desde los cargos rige en los procedimientos iniciados desde el 1 de agosto de 2024. En los anteriores, las actuaciones “son secretas para la víctima, personas afectadas y demás terceros, con excepción del inculpado”.

Cómo se defienden los órganos, según sus escritos

En 7 de las 9 causas con escritos, la razón con que el tribunal decidió ya la había planteado el informe del órgano. Los informes de 8 causas invocan la ley 21.643 y en 7 piden costas.

Que se respetó el derecho a defensa se alegó en 7 causas y prosperó en las 7. Que la sanción es proporcional, o que la fija la ley, se planteó en 5 causas y prosperó en las 5. Que había otra vía, como el reclamo ante Contraloría, se alegó en 5 causas y no prosperó en ninguna.

En Concepción, la Corte escribió que la protección no ha sido “creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos”. Es la frase de un fallo de Antofagasta que transcribía el informe municipal.

Del lado de quien recurrió, el debido proceso se alegó en 7 causas y se acogió en 1. La desproporción de la sanción se alegó en 5 causas y se rechazó en las 5.

La causa que perdió el órgano

En noviembre de 2024 se ordenó un sumario contra la directora de un colegio municipal. El 3 de marzo de 2025, el fiscal la suspendió con un documento titulado “suspensión preventiva”, sin hechos ni fundamentos. No le había notificado el inicio del sumario ni su calidad, y no había cargos.

La defensa fue un oficio de dos páginas del propio fiscal, sin abogado. Sostuvo que “cada una de las actuaciones reviste la mayor necesidad y urgencia, atendido a los hechos objeto de la denuncia, en el ámbito de aplicación de la Ley KARIN”. En un complemento agregó que el sumario era secreto hasta los cargos y que nadie es inculpado antes.

La Corte de Rancagua acogió el recurso. La investigación había excedido los veinte días del art. 133 de la ley 18.883, sin resolución que los prorrogara fundadamente. Para la Corte, “la sola invocación de la complejidad del caso o la mención genérica de la Ley N°21.643” no justificaba la demora. Aplicó además de oficio el art. 211-C. La directora había alegado el plazo con el art. 133.

La Corte recordó que el art. 134 de la ley 18.883 permite suspender solo a inculpados. Eso exige que, “al momento de notificarse, se les precise dicha calidad y los hechos que la motivan”. Dejó sin efecto la suspensión, ordenó reincorporar a la directora y dar pronto término al sumario, sin anular el resto.

Qué revisar si recurres y qué evitar si eres el órgano

Para el abogado de quien recurre, sea el denunciado o la víctima.

  1. La notificación del inicio, de la calidad y de los hechos. El debido proceso prosperó en 1 de las 7 causas en que se alegó, la de Rancagua.
  2. El plazo de la investigación, con la norma del estatuto. Rancagua sumó el art. 211-C, que la Suprema excluyó para Carabineros.
  3. Los descargos dentro de plazo, o la prórroga pedida antes del vencimiento. En Concepción se tuvieron por no presentados unos descargos tardíos.
  4. Algo más que la desproporción. Se rechazó en las 5 causas en que se alegó.
  5. Si recurre la víctima, el acceso desde los cargos. Rige en los procedimientos iniciados desde el 1 de agosto de 2024.

Para el órgano que instruye el sumario y para su abogado.

  1. No dejar correr el plazo sin prorrogarlo fundadamente. La mención genérica de la Ley Karin no justificó la demora.
  2. Precisar la calidad de inculpado y los hechos al suspender. La suspensión que no lo hizo se dejó sin efecto.
  3. Adoptar las medidas de resguardo al recibir la denuncia, citando su norma. Así dispuesta, una destinación se tuvo por acto trámite.
  4. Responder cada alegación en el informe. En 7 de las 9 causas, la razón del fallo ya estaba en él.
  5. No apoyarse en la otra vía. No prosperó en ninguna de las 5 causas en que se alegó.

Lo que queda abierto

La sanción del acoso

Contraloría hace un argumento literal, con la expresión “cualquier medida disciplinaria” que la ley 21.643 agregó a los arts. 140 y 138.

Las Cortes se apoyan en el art. 123 letra c) de la ley 18.883, que incluye el acoso laboral entre los casos en que procede la destitución. Copiapó citó además el art. 120, que excluye una atenuante cuando “solo resultare procedente la medida disciplinaria de destitución”.

Ninguna postura se hace cargo de la otra. Copiapó resumió el dictamen y no lo examinó, y afirmó la sanción única sin que el municipio la alegara. Concepción no menciona el dictamen, y allí el municipio alegó la sanción única con cita del instructivo de 2024. Los dictámenes posteriores no se refieren a esos fallos.

Entre los 15 fallos en que pesa la ley, ninguno de la Corte Suprema resuelve el punto.

El plazo de 30 días

Rancagua aplicó el art. 211-C a un sumario municipal por la gravedad de las conductas y por el principio de celeridad. No examinó el art. 1 del Código del Trabajo, que excluye a los funcionarios sujetos a un estatuto especial, salvo en lo que su estatuto no regule.

La Suprema se apoyó en ese art. 1 para Carabineros, que tiene regulación propia. No se pronunció sobre los funcionarios municipales, cuyo estatuto fija veinte días para investigar (art. 133 de la ley 18.883).

Queda por resolver si la duración de la investigación es materia que el estatuto municipal regula. Ninguna de las dos sentencias cita a la otra, y la falta de uniformidad es una observación nuestra.

El cuadernillo para suscriptores

Los suscriptores de dictamina tienen el especial completo en un cuadernillo. Trae las reglas, con sus extractos y los fallos que las sostienen, y el texto íntegro de los 31 fallos. Trae también dos planillas. La de los fallos registra quién recurre, quién gana, el tema y la regla. La de los 29 escritos, las defensas de cada informe y lo que acogió el tribunal.

Publicación independiente. Los fallos son de los tribunales de justicia; los resúmenes y las cifras son de elaboración propia.

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