Diez casos sobre falta de servicio municipal y lo que los tribunales ordenan pagar

Para este especial se leyeron 280 resoluciones dictadas entre 2002 y 2026 en 236 causas contra municipalidades. Son sentencias de juzgados civiles, de las Cortes de Apelaciones de Concepción, Santiago y Valparaíso y de la Corte Suprema.

Las sentencias que esos fallos citan no se revisaron.

En las caídas en veredas y calzadas, la mitad de las condenas queda bajo 5,5 millones de pesos de hoy. Cuando la Corte mantiene la condena y cambia el monto, lo sube en 17 causas y lo baja en 10.

La Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, regula la responsabilidad de las municipalidades en su art. 152. La Corte de Apelaciones de Santiago lo transcribe en el caso de La Reina.

“Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.”

En el caso de Hualqui, la Corte de Apelaciones de Concepción cita la definición de la Corte Suprema (rol N° 306-2020).

“la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente”

Lo que ordenan pagar los tribunales

Cada monto se pasó a UF con el valor del día de su resolución. Luego se volvió a pesos con la UF del 6 de noviembre de 2026. Es una aproximación, porque no considera los reajustes ni los intereses que ordenó cada sentencia.

La mediana es el monto que deja la mitad de las condenas por debajo. En caídas en veredas y alcantarillas fue de 4,4 millones de hoy en las condenas de 2010 a 2014, y de 16,3 millones en las de 2020 a 2026.

El monto pedido consta solo en 60 de las 236 causas. En las 14 caídas en que se conoce todo lo pedido, la condena equivale a una mediana del 16 % de lo pedido.

Cuando la Corte mantiene la condena y cambia el monto, lo sube en 17 causas y lo baja en 10. En otras 8 revoca la condena.

Del hecho a la última resolución leída pasan en mediana 4,2 años. La mitad central va de 2,5 a 6,4 años, y el máximo es de 14.

Cada cifra se convierte con la UF de la fecha de su fallo. Por eso una suma que una Corte confirma sin cambios puede verse menor en pesos de hoy que en la sentencia anterior.

1. La municipalidad responde por el paradero que no mantuvo, aunque alegue que lo construyó el MOP

El 6 de julio de 2010, en Melipilla, el paradero de buses donde una mujer de 42 años esperaba locomoción se derrumbó sobre ella y le causó la muerte. Las partes no discutieron ese hecho.

Demandaron por daño moral propio su cónyuge, su hijo mayor, sus dos hijas, entonces de 13 años, y su hermana, que se hizo cargo de las niñas.

La municipalidad sostuvo que el paradero dependía del Ministerio de Obras Públicas. Acompañó un acta del concejo de 2009, en que el alcalde le hizo presente a ese ministerio el mal estado de ciertos paraderos. Presentó también testigos según los cuales el municipio no podía intervenirlo. Esos testigos reconocieron que, en casos urgentes, la municipalidad podía hacerlo.

El 8º Juzgado Civil de Santiago condenó a la municipalidad a pagar a la familia unos 392 millones de hoy ($265.000.000 en la sentencia de 2019). La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la casación en la forma del municipio y confirmó la condena.

La Corte rebajó la suma del cónyuge a unos 59 millones de hoy ($50.000.000 en el fallo de 2022), la misma que se otorgó a los hijos. Mantuvo las demás. Sumadas las partidas, la condena final llega a unos 278 millones de hoy ($235.000.000, suma que el fallo no enuncia).

“la instalación y mantención de paraderos de movilización colectiva, es de carga de la Municipalidad, lo cual es coherente con sus atribuciones relativas a la aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito público que le corresponden” (considerando quinto, que resume el fallo de primera instancia).

“es menester recurrir a parámetros que permitan una regulación adecuada, en términos de la mayor racionalidad y objetividad posible” (considerando décimo).

El criterio. Instalar y mantener los paraderos de locomoción colectiva es carga de la municipalidad. El razonamiento es del juzgado, y la Corte lo reproduce. Los arts. 14 y 18 del DFL 850 limitan la responsabilidad de la Dirección General de Obras Públicas a las fajas camineras, las carpetas de rodado y las obras de defensa. El art. 169 de la Ley de Tránsito hace responder a las municipalidades por el mal estado de las vías.

Para fijar el daño moral, la Corte pondera los baremos que publica el Poder Judicial, que en casos similares van de 500 a 4.000 UF. Los combina con la convivencia, la duración del matrimonio y el cuidado que asumió la hermana.

Roles. Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 12.813-2019 (Civil), de 12 de diciembre de 2022. Confirma con declaración la sentencia de 2019 del 8º Juzgado Civil de Santiago, rol C-50735-2012.

2. El municipio debe mantener o retirar el árbol riesgoso, y el caso fortuito debe probarlo quien lo alega

El 1 de octubre de 2015, cerca de las 11.30, una mujer iba a pie a su trabajo por calle Príncipe de Gales con Monseñor Edwards, en La Reina. En la esquina, en la vereda norte, había un acacio de entre 45 y 50 años.

Por el estado del árbol, una de sus ramas se desprendió y cayó sobre ella. El árbol quedó con las raíces al aire, que mostraban su putrefacción. Ella murió horas después en un centro asistencial.

Su cónyuge y sus hijos demandaron a la municipalidad y a Enel Distribución Chile. La municipalidad alegó caso fortuito.

La Corte de Apelaciones de Santiago tuvo por establecido que el municipio sabía, por un informe sobre el plan maestro de arborización, que debía manejar el ejemplar. No lo recuperó, no lo cortó y no avisó de su estado.

Sobre Enel, la Corte constató cables entre las ramas, sin prueba de que la falta de poda contribuyera a la caída. Concluyó que la única causa fue la falta de mantención municipal.

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia y compartió el monto del daño moral. Su fallo no transcribe esa cifra, y la sentencia del juzgado no está entre las leídas.

“la obligación de mantener un árbol en regular estado o, en su defecto, removerlo del lugar si presenta un riesgo a la seguridad de la ciudadanía, corresponde a la Municipalidad demandada y la omisión culpable de tomar las medidas necesarias a dicho fin será imputable a su parte” (considerando quinto).

“al ser alegada tal eximente de responsabilidad por la municipalidad demandada, corresponde a esta la carga de probar aquel hecho que no pudo prever ni resistir y que a consecuencia de tal se produjo la caída del árbol.” (considerando séptimo).

El criterio. La Ley 18.695 entrega a la municipalidad la administración de los bienes nacionales de uso público y de las áreas verdes de la comuna, en sus arts. 5 letra c), 25 y 63 letra f). Para la Corte, ese deber comprende precaver lesiones a quienes los usan, y mantener o retirar un árbol que es un riesgo le corresponde al municipio.

El caso fortuito exige imprevisibilidad e irresistibilidad (art. 45 del Código Civil), y lo prueba quien lo alega. Un informe general sobre arborización no bastó.

Roles. Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 148-2020 (Civil, acumulados 11.855-2020 y 11.856-2020), de 1 de marzo de 2023. Confirma la sentencia de primera instancia de 31 de julio de 2020, cuyo juzgado y rol no nombra.

3. La municipalidad que no inspecciona su multicancha responde por la electrocución, aunque terceros hayan intervenido la conexión eléctrica

En abril de 2015 un niño de 11 años murió por una descarga eléctrica al tocar un poste de iluminación de una multicancha municipal de Hualqui.

Los peritajes de la Policía de Investigaciones constataron una instalación precaria, un disyuntor diferencial desconectado y un ballast quemado. El alumbrado se alimentaba de una conexión irregular a un poste de CGE Distribución. El juzgado dio por acreditado que personal municipal conocía los problemas eléctricos.

Sus padres y sus cuatro hermanos demandaron por daño moral propio, a la municipalidad por falta de servicio y a CGE por responsabilidad extracontractual. Pidieron unos 142 millones de hoy por cada padre y 95 por cada hermano ($120.000.000 y $80.000.000, según la sentencia de 2022). La municipalidad alegó que había desconectado la instalación en diciembre de 2014 y que terceros la reconectaron.

El 1º Juzgado Civil de Concepción condenó a ambas a unos 83 millones de hoy por cada padre y 24 por cada hermano ($70.000.000 y $20.000.000 en 2022). La Corte de Apelaciones de Concepción estimó exiguas esas sumas. Las subió a unos 90 millones de hoy por cada padre y 34 por cada hermano ($80.000.000 y $30.000.000 en 2024).

Para la familia suman unos 314 millones de hoy. La condena es simplemente conjunta, y el fallo no fija qué parte paga la municipalidad.

“no son documentos suficientes que permitan acreditar que se tomaron medidas para impedir la electrocución del menor en la forma ocurrida” (considerando tercero, sobre las órdenes de servicio e inspecciones municipales).

“en la causa rol 4098-2016, nada se decidió acerca del fondo del debate, desestimándose la demanda por una razón de carácter formal, sin que se haya entrado a dirimir sobre los aspectos de mérito fundantes de la acción.” (considerando segundo).

El criterio. La municipalidad administra los bienes nacionales de uso público de la comuna (arts. 5 letra c) y 63 letra f) de la Ley 18.695) y debe mantenerlos periódicamente sin situaciones de peligro. Para el juzgado, cuyo razonamiento reproduce la Corte, la licitación del alumbrado a un tercero o la intervención de terceros en la conexión no la excusan.

La concesionaria eléctrica tiene su propio deber legal de mantener sus instalaciones en buen estado (art. 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos). Las omisiones de ambas son concausas del daño. Un juicio anterior entre las mismas partes, rechazado por pedir una condena solidaria, no produce cosa juzgada, porque no se resolvió el fondo (art. 177 del Código de Procedimiento Civil).

Roles. 1º Juzgado Civil de Concepción, rol C-313-2019, sentencia de 30 de noviembre de 2022. Corte de Apelaciones de Concepción, rol N° 78-2023 (Civil), de 5 de enero de 2024.

4. Circular por la ciclovía que habilitó el municipio no es exposición imprudente, y la indemnización no se rebaja

El 17 de febrero de 2014 un ingeniero de 44 años andaba en bicicleta por la ciclovía junto a la Avenida Barros Borgoño, en Viña del Mar. Su rueda se trabó en una grieta. Cayó a la calzada, un vehículo lo embistió y murió.

Según cuatro testigos, el accidente ocurrió en la parte más angosta de la vía para ciclistas y peatones. Llevaba largo tiempo con la vereda levantada, hoyos y montículos, sin iluminación ni señalización. La municipalidad la promocionaba como ciclovía.

Su cónyuge demandó por sí y por sus tres hijos. Pidió unos 928 millones de hoy ($600.000.000, de ellos $500.000.000 por lucro cesante, según la sentencia de 2017). La municipalidad alegó culpa de la víctima y, en subsidio, exposición imprudente.

El 2º Juzgado Civil de Viña del Mar concedió unos 155 millones de hoy por daño moral ($100.000.000 en 2017). Negó el lucro cesante por falta de prueba de los ingresos.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso concedió el lucro cesante con documentos laborales de segunda instancia, unos 357 millones de hoy ($235.523.407 en 2018). Usó como base el máximo imponible, menor que el sueldo de la víctima, por 139 meses, hasta que el hijo menor cumpliera 18 años. Sumadas ambas partidas, la condena para la cónyuge y los tres hijos llega a unos 509 millones de hoy.

“no habiendo la demandada logrado acreditar haber realizado el mantenimiento cuya omisión se le imputa de forma diligente y oportuna, faltando al deber que tenía de inspeccionar adecuadamente la ciclovía y vía peatonal, con el fin de evitar accidentes a los usuarios.” (considerando tercero).

“si no ha existido exposición imprudente de la víctima al daño, no puede aplicarse reducción alguna de la responsabilidad civil del demandado, correspondiéndole a éste indemnizar todo el perjuicio causado” (considerando décimo quinto).

“en relación al lucro cesante, el requisito de la certeza de daño necesariamente debe aliviarse, pasando desde una certeza absoluta a una razonable o una probabilidad de ocurrencia” (considerando quinto).

El criterio. Las municipalidades deben administrar los bienes nacionales de uso público con el celo adecuado en su cuidado, conservación y mantención, y descuidar ese deber es falta de servicio.

El art. 2330 del Código Civil rebaja la indemnización solo si la víctima se expuso al daño con culpa propia, medida con la conducta de una persona de iguales características. Quien circula por un lugar habilitado como ciclovía y cumple las normas de seguridad no se expone imprudentemente.

El lucro cesante se tiene por probado con una certeza razonable o una probabilidad según el curso normal de las cosas, y su prueba corresponde al demandante (art. 1698 del Código Civil).

Roles. 2º Juzgado Civil de Viña del Mar, rol C-589-2015, sentencia de 24 de noviembre de 2017. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol N° 213-2018 (Civil), de 13 de agosto de 2018.

5. La municipalidad y la sanitaria dueña del guardallaves sin tapa responden cada una por el total del daño

En la vereda, a la salida de la casa de una vecina de Ñuñoa, había un guardallaves de Aguas Andinas en mal estado y sin su tapa. Ella cayó por ese desperfecto. Fue operada dos veces, en mayo y junio de 2014, y quedó postrada.

Ningún inspector municipal denunció el desperfecto, antes ni mucho después del accidente, y la municipalidad no se lo comunicó a la empresa. Aguas Andinas seguía sin cumplir su obligación cuatro meses después.

Demandaron la víctima, sus hijos, su yerno y sus nietos, contra la municipalidad y la empresa. La municipalidad alegó que el guardallaves era de Aguas Andinas, que nadie había denunciado el defecto y que la víctima lo conocía. La Corte descartó esto último por falta de prueba.

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó el daño moral de la víctima en unos 77 millones de hoy ($70.000.000 en 2024). Concedió unos 7,7 millones de hoy ($7.000.000) a la hija que quedó a cargo de su cuidado y desarrolló una depresión mayor.

Mantuvo el rechazo del daño de los demás familiares por falta de prueba y confirmó un daño emergente cuyo monto no consta. La sentencia del 6º Juzgado Civil de Santiago no está entre las leídas, y la Corte no precisa si su cifra para la víctima subió o bajó.

“La demandada no se puede excusar en la inexistencia de denuncias en relación con el desperfecto del guarda llaves, ya sea por los vecinos o por la propietaria del elemento, teniendo en consideración que su responsabilidad emana de la obligación que tiene de administrar” (considerando 6°).

“ambas demandadas son responsables del total de los perjuicios determinados, por las responsabilidades concurrentes de una y otra, y ello, naturalmente, sin perjuicio de las eventuales acciones de repetición que se ejerzan ulteriormente.” (considerando 10°).

“Esta responsabilidad por el total de los perjuicios se explica, además, porque no se incurre en la hipótesis de solidaridad del artículo 2317 del Código Civil, que supone un cuasidelito cometido por dos o más personas” (considerando 10°).

El criterio. La municipalidad debe administrar con celo los bienes nacionales de uso público, entre ellos las veredas, y eso incluye señalizar sus desperfectos. No puede excusarse en que nadie los denunció, aunque el elemento sea de un tercero.

La sanitaria dueña del guardallaves debe mantenerlo en forma permanente (arts. 34 y 45 del DFL 382, Ley General de Servicios Sanitarios). Con responsabilidades concurrentes, cada una responde por el total, como obligación in solidum, sin perjuicio de la repetición. La Corte la distingue de la solidaridad del art. 2317 del Código Civil, porque el cuasidelito fue solo de la sanitaria.

La exposición imprudente del art. 2330 supone una concausa de la víctima. Aquí el accidente se debió solo a la falta de tapa.

El ministro suplente Fernando Valderrama votó en contra de indemnizar a la hija. La abogada integrante Renée Rivero estuvo por acoger íntegro el daño emergente.

Roles. Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 9364-2020 (Civil), de 10 de junio de 2024. Revoca en parte y confirma con declaración la sentencia del 6º Juzgado Civil de Santiago, rol C-30283-2017, de 8 de julio de 2020.

6. El municipio que instala un juego inclusivo sin seguridad ni señalética responde por todo el daño

En diciembre de 2012 la Municipalidad de Quilpué tenía instalada en la plaza Arturo Prat una calesita para personas que se desplazan en silla de ruedas. La había instalado un tercero.

El 12 de diciembre de 2012, cerca de las 21.00, una estudiante universitaria de 20 años subió al juego con tres compañeras. Tenía distrofia muscular desde la niñez y aseguró la silla con su propio freno. Las compañeras hicieron girar el juego con el volante central. La silla se fue hacia atrás, ella se soltó de una barra lateral, cayó al pavimento y sufrió una fractura de pelvis.

Al día siguiente la municipalidad retiró el juego sin aclarar el motivo y no lo puso a disposición de los peritos. La Corte infirió de eso que las medidas de seguridad no estaban operativas. El único letrero estaba lejos del juego, era pequeño y no explicaba los dos mecanismos de sujeción.

La primera instancia condenó a la municipalidad con descuentos por exposición imprudente y por la condición previa de la víctima. En la apelación ella pidió unos 76 millones de hoy ($50.000.000 en 2018).

La Corte de Apelaciones de Valparaíso suprimió los descuentos y fijó unos 23 millones de hoy ($15.000.000 de daño moral y $129.645 de daño emergente, en 2018).

“Esto es, las personas que subían al juego no tenían idea de que existía ese mecanismo de seguridad.” (considerando séptimo).

“Adicionalmente no debe perderse de vista que fue la propia Municipalidad la que creó el riesgo de implementar un juego que, atendido que está destinado a recrear a personas con capacidades físicas diferentes, debía ser mayormente exigible la previsión de los riesgos que traía consigo.” (considerando noveno).

“si bien es sabido que la doctrina civil postula que ante la condición preexistente de la víctima que produce un agravamiento o una mayor intensidad del daño, el monto indemnizatorio debe rebajarse proporcionalmente, lo cierto es que no hay antecedente probatorio que acredite tal supuesto.” (considerando décimo).

El criterio. Es falta de servicio instalar un juego riesgoso para personas en silla de ruedas sin medidas de seguridad operativas ni señalética que advierta sus riesgos.

Si nadie advirtió esos riesgos, el giro excesivo que dieron las acompañantes pudo contribuir materialmente, pero la Corte lo descarta como causa jurídica del daño. No procede la rebaja del art. 2330 del Código Civil.

La Corte acepta que una condición preexistente que agrava el daño puede rebajar la indemnización, y exige probarla. Un peritaje sin antecedentes médicos no bastó. El fallo no cita la norma de la falta de servicio municipal.

Roles. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol N° 2965-2017 (Civil), de 1 de agosto de 2018. Confirma con declaración la sentencia de primera instancia de 21 de junio de 2017.

7. Para la Corte Suprema en 2011, un desperfecto menor de la vereda no obligaba a señalizar, y su entidad se aprecia caso a caso

El 27 de septiembre de 2007 una mujer caminaba con bastón por la acera de calle Barros Arana, en Concepción. El bastón se metió en una grieta, ella perdió estabilidad y sufrió un esguince de tobillo. No había aviso ni señales.

Las instancias condenaron a la municipalidad a unos 1,9 millones de hoy ($1.000.000 de daño moral, según el fallo de 2011). En 2011 la Corte Suprema acogió la casación de la municipalidad y anuló esa sentencia. Mirando las fotografías, calificó el desperfecto como de menor entidad. La sentencia de reemplazo no está entre las leídas.

La misma sala había rechazado en 2010 la casación municipal por baldosas en mal estado en calle O'Higgins. En 2013 rechazó otra por un desnivel no señalizado en Colo Colo con Barros Arana, con una condena de unos 36 millones de hoy ($20.000.000 de daño moral). En ambas votó en contra el ministro Pedro Pierry, y en la segunda también la ministra Sandoval.

En 2020 la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la condena a San Pedro de la Paz por la caída de un peatón en calle Los Mañíos. Un pastelón tenía 4,3 centímetros de diferencia de altura con el siguiente. La condena suma unos 21,5 millones de hoy ($9.770.679 de daño emergente y $5.000.000 de daño moral, en 2020).

“el ciudadano espera, como se ha señalado en otros casos de los que esta Corte ha conocido, que la existencia de un forado importante sea pronto reparado y debidamente comunicado a los usuarios de las vías o aceras, pero no puede estimarse que espere que incluso desperfectos menores” (Corte Suprema, 2011, considerando octavo).

“la Municipalidad de Concepción incurrió en el caso de autos en falta de servicio, puesto que incumbiéndole un imperativo legal no ejerció el debido cuidado frente a la grave anomalía que presentaba una de las intersecciones de calles situada en esa comuna.” (Corte Suprema, 2013, considerando decimotercero).

“Que, la falta de señalización de los riesgos de transitar por lugares como aquel donde se produjo el accidente, es lo que configura la falta de servicio en los términos que se ha establecido en la sentencia cuestionada” (Corte de Apelaciones de Concepción, 2020, considerando 5°).

El criterio. Las cuatro sentencias parten del deber municipal de mantener las aceras en condiciones de desplazamiento seguro y de advertir su mal estado. Lo regulan el art. 152 de la Ley 18.695, que estos fallos citan como art. 141 o 142, y el art. 169 de la Ley de Tránsito, que citan como art. 174.

Para la Corte Suprema, calificar un hecho como falta de servicio es una cuestión jurídica, revisable en casación. En 2011 estimó que un desperfecto menor no exige reparación ni aviso inmediatos. En 2010 y 2013, por mayoría, exigió advertir el mal estado de las aceras sin fijar una entidad mínima. Ninguno de estos fallos fija una medida.

En 2020 la Corte de Apelaciones de Concepción no discutió la entidad del desnivel. Agregó que el art. 16 de la Ley 19.175, sobre los gobiernos regionales, no excluye la administración municipal de los bienes nacionales de uso público.

Roles. Corte Suprema, rol N° 5792-2009, de 6 de octubre de 2011. Acoge la casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 1 de julio de 2009. Corte Suprema, rol N° 7227-2008, de 28 de diciembre de 2010, y rol N° 8988-2011, de 30 de enero de 2013. Corte de Apelaciones de Concepción, rol N° 1323-2019 (acumulada 495-2019), de 10 de enero de 2020. Confirma la sentencia del 3º Juzgado Civil de Concepción de 13 de mayo de 2019.

8. La acción contra el municipio por recibir un edificio prescribe desde la recepción, aunque el daño sea posterior

El edificio Alto Arauco II, en calle Los Carrera de Concepción, tuvo recepción final el 21 de octubre de 2003. Con el terremoto del 27 de febrero de 2010 sufrió severos daños estructurales. Fue demolido por decreto, por inhabitabilidad.

En 2011 tres propietarios demandaron a la municipalidad en dos juicios. Sostuvieron que la Dirección de Obras debió fiscalizar la construcción y que recibió la obra sin detectar fallas de diseño, de ingeniería y de mecánica de suelos.

Pidieron unos 65, 94 y 152 millones de hoy (1.575, 2.276,03 y 3.690 UF, según las sentencias de 2013). Para ellos, el plazo corría desde el terremoto, porque sin daño no había acción.

En ambos juicios el 3º Juzgado Civil de Concepción acogió la prescripción, y la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó. Las demandas se notificaron el 7 de marzo de 2011 y el 4 de enero de 2012, más de siete años después de la recepción.

La Corte Suprema rechazó ambas casaciones. En 2015 declaró manifiestamente infundada la primera. En 2016 rechazó la segunda sin resolver desde cuándo corre el plazo, porque verificar la calidad de lo construido queda fuera de las funciones de la Dirección de Obras. En 2014, en otra causa por el mismo edificio, la Suprema había resuelto por ambas razones.

“El momento inicial del cómputo de este plazo, está determinado por el día en que se cometió el hecho doloso o culpable y no desde que aquél produjo el daño, si éste y el hecho no son simultáneos.” (Corte de Apelaciones de Concepción, 2014, considerando 2).

“podría importar la imprescriptibilidad de las acciones por responsabilidad extracontractual, lo que desde luego resulta improcedente y atentatorio a la seguridad jurídica que inspira la institución de la prescripción.” (Corte Suprema, 2015, considerando décimo).

“entre las funciones de la demandada, específicamente de la Dirección de Obras Municipales, no se encuentra la de verificar la calidad de las obras ejecutadas” (Corte Suprema, 2016, considerando séptimo).

El criterio. Las normas especiales de responsabilidad municipal no regulan la prescripción extintiva, y rige el art. 2332 del Código Civil, que fija cuatro años desde la perpetración del acto (Corte Suprema, 2014). La Corte de Apelaciones de Concepción cuenta ese plazo desde el hecho culpable, que aquí es la recepción. La Corte Suprema advirtió en 2015 que contarlo desde que se tuvo noticia del daño podría hacer imprescriptibles estas acciones.

En 2016 la Suprema dejó abierta esa cuestión. Para ella, la Dirección de Obras solo verifica que la obra cumpla las normas urbanísticas (arts. 116 y 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones), y la ley creó un estatuto especial de responsabilidad que no incluye a las municipalidades.

En la causa de 2014, la ministra Rosa Egnem votó en contra de acoger la prescripción, por una razón procesal.

Roles. 3º Juzgado Civil de Concepción, rol C-11598-2011, sentencia de 27 de junio de 2013. Corte de Apelaciones de Concepción, rol N° 1137-2013, de 31 de diciembre de 2014. Corte Suprema, rol N° 2881-2015, de 27 de mayo de 2015. 3º Juzgado Civil de Concepción, rol C-773-2011, sentencia de 6 de marzo de 2013. Corte de Apelaciones de Concepción, rol N° 1138-2013, de 27 de marzo de 2015. Corte Suprema, rol N° 5833-2015, de 25 de enero de 2016. Corte Suprema, rol N° 6141-2013, de 23 de junio de 2014, casación de oficio y sentencia de reemplazo.

9. Un semáforo apagado no basta para condenar si los jueces del fondo atribuyen el atropello solo al conductor

El 9 de octubre de 2013 un peatón intentó cruzar avenida Collao, en Concepción, cuando un bus circulaba por la primera pista. Fue atropellado y murió después. En el lugar había un paso peatonal demarcado, y los semáforos estaban apagados o en mal estado.

Sus dos hijas y su yerno demandaron a la municipalidad. Pidieron unos 83 millones de hoy para las hijas, sin precisar si era para cada una, y 36 para el yerno ($70.000.000 y $30.000.000, según la sentencia de 2022).

El 2º Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda. Atribuyó el accidente a la conducta imprudente del conductor, que no respetó el paso demarcado. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó.

En 2022 la Corte Suprema rechazó la casación por tres votos contra dos. Para la mayoría, de los ministros Ravanales, Carroza y Matus, el recurso iba contra los hechos fijados por los jueces del fondo. Los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco estuvieron por acoger.

En Los Andes, en junio de 2017, los semáforos de un cruce funcionaban en forma parcial por trabajos de la concesionaria. Daban luz verde a una motociclista y estaban apagados para el vehículo que la chocó. En 2023 la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la condena a la municipalidad, por dos votos contra uno, sin transcribir los montos.

“las circunstancias de facto sentadas por los magistrados referidos no pueden ser variadas por este tribunal de casación, desde que su labor consiste en revisar la legalidad de una sentencia” (Corte Suprema, considerando undécimo).

“Por ello, la inoperatividad de la señal luminosa es causa del accidente y del daño que aquí se pretende que sea reparado.” (Corte Suprema, voto en contra, 6).

“los semáforos del cruce de la Avda. Santa Teresa con Esmeralda funcionaban parcialmente, de manera que el vehículo que se desplazaba por Avda. Santa Teresa al sur enfrentaba un semáforo apagado.” (Corte de Apelaciones de Valparaíso, considerando 7°).

El criterio. La mayoría de la Corte Suprema no formuló una regla sobre semáforos. Resolvió que los hechos fijados por los jueces del fondo no pueden variarse en casación sin denunciar la infracción de leyes reguladoras de la prueba.

El criterio de fondo está en el voto en contra. Para Muñoz y Vivanco, el art. 106 de la Ley de Tránsito hace responsables a las municipalidades del buen funcionamiento de las señales luminosas, y el semáforo apagado es falta de servicio. La causa del daño es un elemento normativo, revisable en casación. La culpa del peatón no rebaja la responsabilidad por un deber que no depende de su cuidado.

En Los Andes, la Corte tuvo por probado el funcionamiento parcial del semáforo con presunciones (art. 426 del Código de Procedimiento Civil). El abogado integrante Morales votó en contra, porque estimó que no estaba acreditado que el semáforo funcionara de ese modo.

Roles. Corte Suprema, rol N° 75.977-2021, de 7 de noviembre de 2022. Resuelve la casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 6 de septiembre de 2021. Esa sentencia confirmó la del 2º Juzgado Civil de Concepción de 18 de diciembre de 2019. Corte de Apelaciones de Valparaíso, rol N° 1004-2020 (Civil, acumulada 1005-2020), de 13 de junio de 2023. Confirma la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Los Andes, rol C-909-2018, de 31 de marzo de 2020.

10. Las escuelas tienen un deber acentuado de vigilancia sobre los párvulos, y omitirlo es falta de servicio

En marzo de 2022 un niño de 5 años sufrió un trauma ocular grave en el patio de una escuela municipal de Los Ángeles. Estaba bajo el cuidado del establecimiento. Perdió en forma total y permanente la visión del ojo izquierdo. El fallo no identifica el objeto que lo golpeó.

Los demandantes accionaron contra la municipalidad por falta de servicio. El 2º Juzgado de Letras de Los Ángeles la condenó a pagar unos 22,5 millones de hoy por daño moral ($20.000.000 en 2024).

La municipalidad apeló. Sostuvo que el establecimiento activó los protocolos de emergencia y que la lesión pudo deberse a una predisposición del niño o a la falta de respuesta oportuna del hospital. Los demandantes también apelaron y pidieron unos 88 millones de hoy ($85.000.000 en 2026).

La Corte de Apelaciones de Concepción dio por probada la causalidad con una presunción judicial fundada en antecedentes médicos y testimoniales. Descartó que una simple caída en el cemento pudiera causar una lesión así.

La Corte estimó exigua la suma de primera instancia y la fijó en unos 52 millones de hoy ($50.000.000 en 2026). El fallo no precisa cómo se reparte entre los demandantes.

“las instituciones educativas tienen un deber de seguridad y vigilancia acentuado respecto de párvulos, debiendo suprimir elementos de peligro como los que habrían golpeado al niño en su ojo.” (considerando 2°).

“La omisión de estas medidas de prevención constituye una falta de servicio evidente, pues el servicio se prestó de forma negligente, resultando insuficiente la vigilancia para evitar el daño.” (considerando 2°).

“Esta Corte estima que la suma de $20.000.000 fijada en primera instancia resulta exigua frente a la magnitud del daño extrapatrimonial y la pérdida de un sentido de forma permanente.” (considerando 6°).

El criterio. Las instituciones educativas tienen un deber de seguridad y vigilancia acentuado respecto de los párvulos y deben suprimir los elementos de peligro. Si la vigilancia no basta para evitar el daño, el servicio se prestó en forma negligente y hay falta de servicio. La causalidad puede probarse con una presunción judicial grave y precisa.

Para fijar el daño moral, la Corte pondera la entidad de la lesión, la edad de la víctima y el dolor del niño y de sus padres. Busca una satisfacción de reemplazo proporcional al menoscabo. El fallo no cita la norma legal de la falta de servicio ni normas de seguridad escolar.

Roles. Corte de Apelaciones de Concepción, rol N° 450-2024 (Civil), de 25 de febrero de 2026. Confirma con declaración la sentencia del 2º Juzgado de Letras de Los Ángeles, rol C-2827-2022, de 25 de enero de 2024.

Las 30 reglas

Treinta reglas formuladas por estos fallos y por los demás de las 280 resoluciones leídas están en un cuadernillo a la venta en dictamina.cl por $7.990, que los suscriptores de dictamina.cl reciben el 6 de diciembre de 2026. Tratan las veredas y el argumento del gobierno regional, el desnivel, la señalización, la prueba de la caída y la exposición imprudente. Otras tratan los árboles y el caso fortuito, la prescripción, la Dirección de Obras y la concurrencia con sanitarias, contratistas y el MOP. Otras, las escuelas, la salud municipal y la fijación del daño moral. Cada regla va con la cita literal del fallo que la formula.