El 23 de octubre de 2026 Contraloría dictó dos dictámenes sobre la ley N° 21.643, conocida como Ley Karin. Esa ley regula el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Son el N° D440 y el N° D429, y Contraloría los registró como dictámenes que generan jurisprudencia.
Los dos parten del mismo punto. La Ley Karin incorporó el principio de confidencialidad a las investigaciones sumarias y a los sumarios administrativos del Estado.
El primero decide en qué condiciones se entrega a terceros copia de un sumario afinado, y fija una regla propia para los sumarios de la Ley Karin. El segundo decide si la Superintendencia de Seguridad Social puede pedir a los empleadores públicos el nombre y el RUT de quien denuncia.
Dos consultas de dos municipios
La Municipalidad de Providencia preguntó si podía entregar copias de los expedientes de sumarios de la Ley Karin que habían terminado en sobreseimiento, es decir, sin sanción.
Contraloría pidió informe al Ministerio del Trabajo. Para el ministerio, la Ley Karin cambió el régimen de privacidad de quienes intervienen en esos procesos. Los servicios debían abstenerse de entregar copia aunque el sumario estuviera afinado, sin distinguir su fecha de inicio ni su causa de término. Tarjar los datos personales y de contexto, agregó, no bastaba.
La Municipalidad de Diego de Almagro hizo otra pregunta. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) fiscaliza el seguro de accidentes del trabajo. Según el municipio, la SUSESO instruyó a las entidades públicas empleadoras que ingresen los datos personales del denunciante en la plataforma en línea de una mutualidad de seguridad. Deben hacerlo cada vez que inician un proceso por una denuncia de la Ley Karin.
A juicio del municipio, eso podía vulnerar el debido proceso y la confidencialidad, y revictimizar a quien denuncia. Alegó que los datos los ingresan funcionarios distintos del fiscal y del actuario, lo que suma un nuevo actor a un proceso secreto.
Qué decía Contraloría hasta ahora
El sumario es secreto hasta la formulación de cargos, y desde entonces deja de serlo para el inculpado y su abogado. Lo disponen el artículo 137 de la ley N° 18.834, el Estatuto Administrativo, y el artículo 135 de la ley N° 18.883, el estatuto municipal.
Para después del término, la regla venía de la jurisprudencia. En el dictamen N° 10.731, de 2012, Contraloría resolvió el reclamo de un exfuncionario que había denunciado acoso laboral. Su sumario terminó en sobreseimiento y nadie le notificó la resolución.
Contraloría le respondió que esa notificación no estaba prevista en el Estatuto. Agregó, en armonía con el dictamen N° 27.890, de 2005, que totalmente tramitado el proceso el expediente pierde su carácter secreto. Rige desde ese momento el artículo 5° de la ley N° 20.285, de transparencia y acceso a la información pública. Ese artículo declara públicos los actos de la Administración y los documentos que les sirven de sustento.
La conclusión, que repite palabra por palabra la del dictamen N° 59.798, de 2008, fue que “únicamente desde ese instante, resulta procedente para los terceros interesados requerir de la autoridad copia del expediente respectivo”.
Un dictamen de 2010, el N° 11.341, lo había dicho con otra fórmula y con cita del mismo dictamen de 2008. A una funcionaria que había denunciado y pedía información de su sumario, Contraloría le respondió que, afinado, el sumario “se encuentra sometido sin limitaciones al principio de publicidad”. La calificó como tercero interesado.
Los dos dictámenes condicionaban la copia a que el sumario estuviera afinado. Ninguno exigía disociar los datos personales. Así lo recogía el comentado de dictamina, que hablaba de copia del expediente completo.
La notificación del sobreseimiento cambió en 2024
La respuesta de 2012 sobre la notificación ya no describe la ley vigente. La Ley Karin agregó un inciso al artículo 137 del Estatuto Administrativo.
Cuando el fiscal propone el sobreseimiento y la autoridad lo aprueba, la resolución debe notificarse dentro de cinco días a quien denunció. El inciso se refiere a los hechos de las letras l) o m) del artículo 84, que prohíben, entre otras conductas, el acoso sexual y el acoso laboral.
Quien denunció puede reclamar de esa resolución ante Contraloría dentro de veinte días desde que tomó conocimiento de ella. El artículo 135 de la ley N° 18.883 dispone lo mismo en los municipios, para los hechos de las letras l) o m) de su artículo 82.
Ninguno de los dos dictámenes nuevos se refiere a ese inciso.
¿Cómo se entrega a terceros la copia de un sumario afinado?
El dictamen N° D440 conserva la base. En los sumarios, el principio de publicidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución, tiene “una aplicación preeminente”, y la confidencialidad es excepcional.
Pero razona que la Ley Karin incorporó la confidencialidad a todos los sumarios del Estado, “tengan o no por causa hechos constitutivos de acoso sexual o laboral”. Con esa premisa, distingue dos regímenes de entrega.
Los sumarios en general. La copia se entrega a los terceros que la piden, sin los datos personales. Contraloría concluye que “resulta necesaria la disociación, extracción o cancelación de los datos personales que se contengan en los expedientes correspondiente a los procesos disciplinarios afinados”.
La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, define la disociación como el tratamiento de los datos que impide asociar la información a una persona determinada o determinable. El servicio la hace con el mecanismo manual o tecnológico de que disponga.
Uno de los fundamentos es el principio de divisibilidad de la ley de transparencia. Si un documento contiene información que puede conocerse e información que debe reservarse, se da acceso a la primera y no a la segunda. El Consejo para la Transparencia había resuelto así el amparo rol C7692-25, con el tarjado de los datos de víctimas, testigos, denunciantes e inculpados.
Los sumarios de la Ley Karin. Aquí la regla es otra. Para Contraloría, la información de estos procesos es dato personal y sensible, y requiere un mayor resguardo.
La ley N° 19.628 define como sensibles los datos que se refieren a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad de las personas. Su artículo 10 impide tratarlos, salvo que la ley lo autorice o el titular consienta. Comunicarlos es una forma de tratamiento.
Con esa norma y con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la ley de transparencia, que protege la vida privada, Contraloría concluye que “no resulta procedente la comunicación, disociación, extracción o cancelación de dichos datos de los aludidos expedientes sumariales afinados, a fin de proceder a la entrega de sus copias a los terceros interesados que las soliciten, a menos que el órgano administrativo obtenga la autorización de su tratamiento por parte de los intervinientes titulares de esos datos, cualquiera fuere la causal de término de tales procesos”.
Tarjar los datos no basta para entregar la copia. La forma en que terminó el sumario no cambia la regla. Y la excepción es la autorización de los titulares de los datos, cuando el órgano la obtenga.
En estos sumarios el resultado se acerca al que planteó el Ministerio del Trabajo. El ministerio pidió abstenerse de entregar copia y no mencionó la autorización de los titulares, que el dictamen sí contempla.
El dictamen se apoya también en el amparo rol C11223-24, de 4 de febrero de 2025. Ahí el Consejo para la Transparencia aplicó la misma causal de reserva a los procesos por acoso o violencia en el trabajo.
El texto termina complementando, en lo pertinente, el dictamen N° 10.731, de 2012, y toda la jurisprudencia relacionada. No declara que lo reconsidere.
¿Puede la SUSESO pedir el nombre de quien denuncia?
El dictamen N° D429 parte de la misma premisa. Los procesos de la Ley Karin están “protegidos por el principio general de confidencialidad, lo que importa la improcedencia de divulgar su contenido a terceros no involucrados en aquellos”.
Según lo resume el dictamen, el artículo 6° de la Ley Karin, introducido por la ley N° 21.724, ordena a los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, remitir cada semestre a la SUSESO “la cantidad de denuncias que han sido presentadas en los lugares de trabajo en materia de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, además del tipo de acciones y/o medidas adoptadas en cada una de ellas”.
Los empleadores deben proporcionarles esa información. Con ella, la SUSESO envía en enero y julio un informe estadístico al Ministerio del Trabajo y al Consejo Superior Laboral.
La circular N° 3.854 de la SUSESO, de 22 de enero de 2025, sobre “Reporte y registro de información de las denuncias por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo y de las acciones y/o medidas adoptadas por el empleador”, reguló los datos que se agregan de esas denuncias. Su anexo N° 67 contempla campos para el RUT y el nombre del trabajador, además de los antecedentes del caso.
En su análisis el dictamen la numera N° 3.851. Con ese número la SUSESO publicó otra circular, de 2 de enero de 2025.
La SUSESO defendió esos campos con el concepto de vigilancia de salud. Según su informe, debe ser posible identificar a las personas que sufren una alteración de su salud física o mental y los elementos del ambiente sospechosos de provocarla. Agregó que su instrucción obliga a resguardar la confidencialidad de los datos del denunciante.
Contraloría aplicó un juicio de proporcionalidad, con citas del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Concluyó que no se advierte cómo la exposición de los datos sensibles de los denunciantes “resultaría necesaria e idónea en relación con el objetivo declarado en esa norma, que es la entrega de un informe estadístico”.
Advirtió además que esa exposición pasa por intermediarios, como quienes entregan la información a la mutual y el propio organismo administrador del seguro.
El dictamen recuerda su jurisprudencia sobre datos sensibles (dictámenes N° 25.682, de 2019, y N° E120676, de 2021). Un servicio puede tratarlos sin consentimiento cuando son un elemento esencial e indispensable para cumplir su cometido legal y la ley le da la atribución de pedirlos.
Para Contraloría, no se aprecia que el nombre y el RUT de quien denuncia sean esenciales para conocer la cantidad de denuncias y el tipo de medidas. La vigilancia de salud, agrega, la ejecuta el organismo operador del seguro, que deja constancia y seguimiento.
Su conclusión es que “resulta procedente que la Superintendencia de Seguridad Social adopte las medidas conducentes a fin de ajustar a su objetivo específico la referida circular, u otra preceptiva similar, emitidas en virtud del artículo 6° de la ley N° 21.643, limitándose a requerir la cantidad de denuncias y el tipo de acciones o medidas adoptadas, sin considerar la entrega de datos personales sensibles por los empleadores al consignar la referida información”.
El dictamen cierra con un reproche al Ministerio del Trabajo, que se limitó a remitir el informe de la SUSESO. Contraloría le recordó que sus requerimientos son obligatorios y que no atenderlos puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios.
Qué cambia en la práctica
Lectura de dictamina, a partir de los dos textos.
- Para quien denuncia. Un tercero no puede obtener copia del sumario de la Ley Karin sin autorización de los titulares de los datos, aunque el proceso haya terminado. Y según Contraloría, la SUSESO no necesita su nombre ni su RUT para el informe estadístico.
- Para quien es denunciado. El dictamen N° D440 protege a los intervinientes titulares de datos, y el inculpado es uno de ellos. Un sumario que terminó en su sobreseimiento o absolución tampoco se entrega a terceros sin esa autorización.
- Para la oficina que recibe el pedido. Ante una solicitud de copia de un sumario afinado, la primera pregunta es si se instruyó por la Ley Karin. Si no, la copia va con los datos personales disociados. Si se instruyó por esa ley, procede solo con la autorización de los titulares, y la negativa se funda en el artículo 21 N° 2 de la ley de transparencia.
- Para la jefatura de personal que reporta a la mutual. El dictamen N° D429 se dirige a la SUSESO, a la que corresponde ajustar la circular. El empleador sigue obligado a informar la cantidad de denuncias y el tipo de medidas adoptadas.
Lo que los dictámenes no resuelven
- El acceso de las propias partes. El dictamen N° D440 resuelve la entrega a terceros. En 2010 Contraloría calificó a una denunciante como tercero interesado. El dictamen nuevo no precisa si quien denunció, o quien fue inculpado, conserva el acceso a su propio sumario frente a los datos de los demás intervinientes. La ley sí ordena notificar el sobreseimiento a quien denunció (artículos 137 de la ley N° 18.834 y 135 de la ley N° 18.883).
- Los sumarios iniciados antes de la Ley Karin. El Ministerio del Trabajo propuso no distinguir por fecha de inicio. El dictamen se refiere a los procesos regidos por la ley N° 21.643 y no se pronuncia sobre ese punto.
- La resolución de término. El dictamen habla de copias de los expedientes. No dice si la resolución de término, que es un acto administrativo por sí misma, sigue la misma regla.
- Cómo se obtiene la autorización. El dictamen no regula quién la pide ni si deben darla todos los intervinientes titulares de datos.
- Lo que hace el empleador mientras tanto. El dictamen N° D429 no precisa qué debe hacer el empleador mientras la SUSESO no ajuste la circular, ni qué pasa con los datos ya reportados. Tampoco se pronuncia sobre las dudas que algunos empleadores plantearon a su mutual sobre las denuncias anónimas y los trabajadores que se niegan a dar sus datos.
Para tener en cuenta
La ley N° 21.719 regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Entra en vigor el 1 de diciembre de 2026.
El dictamen N° D440 la consideró, y afirma que no altera “sustancialmente el análisis y conclusiones”. La prohibición del artículo 10 se mantiene en el nuevo artículo 16 de la ley N° 19.628.