Jurisprudencia administrativa para tu IA
Conecta tu propia IA a la jurisprudencia administrativa, verificada: consulta la fuente, cita el dictamen y redacta.
Conoce: Estatutos comentados · Boletines · Cuadernillo de sumarios
Suscripción desde $9.990/mes
Editorial N° 1 · 21 de septiembre de 2026
Una funcionaria de Concepción estuvo siete meses con licencia médica en dos años. Volvió a trabajar, y a las semanas le notificaron un decreto que declaraba vacante su cargo. El acto tenía dos párrafos, con los días de licencia encuadrados en un Excel y un informe médico que decía que su salud era recuperable.
Blog · de acceso libre
26 de septiembre de 2026
Diez casos en que Contraloría fijó los bordes del fuero gremial y de la representación de las asociaciones de funcionarios: contratas que no vencen, cambios de funciones sin firma, paros que se descuentan, destituciones sin ratificar y reclamos que no interrumpieron la prescripción.
25 de septiembre de 2026
Qué es la rebaja de condena por buena conducta, de dónde viene y por qué su clasificación decide años de encierro. La ley N° 21.421 excluyó del beneficio a los condenados por delitos sexuales contra personas menores de edad, y que esa exclusión alcance a quien delinquió antes de 2022 depende de si la norma se califica como penal o como administrativa. Tres respuestas conviven hoy, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha resuelto en los dos sentidos, y el artículo transitorio de la propia ley no aparece discutido en las seis sentencias revisadas.
22 de septiembre de 2026
La Tercera Sala rechazó el decaimiento alegado tras siete años de espera, porque el interesado pudo hacer valer el silencio negativo del artículo 65 de la ley N° 19.880 y no lo hizo. El examen deja de mirar solo la conducta de la Administración y pasa a preguntar si el afectado tenía un remedio disponible. Qué es el decaimiento, por qué no aparece en la ley, de dónde sale su plazo de dos años, cómo se distingue de la caducidad y qué dice Contraloría cuando la demora es la de un sumario.
Derecho administrativo sancionador y disciplinario, sumarios e investigaciones sumarias, derecho municipal, derecho de los funcionarios públicos.
Bien. Pero no basta.
Un servidor MCP es un enchufe entre tu IA y una fuente que tú eliges. Con él, la IA deja de responder con lo que recuerda y pasa a leer el documento antes de contestarte. dictamina es esa fuente para la jurisprudencia administrativa chilena.
Cuando le preguntas a una IA por un dictamen, responde con lo que alcanzó a aprender mientras la entrenaban. A veces acierta. Otras veces te entrega un número de dictamen que suena verosímil y no existe, o le atribuye a uno real algo que nunca dijo. El problema no se arregla pidiéndole que se esfuerce más, porque la IA no tiene cómo distinguir lo que recuerda de lo que está inventando.
El salto está en cambiarle la fuente. Conectada a dictamina, tu IA consulta el corpus real antes de escribir, y cada afirmación llega con el número del dictamen o el rol de la sentencia para que lo abras y lo leas tú.
Funciona dentro de la IA que ya usas, sea Claude, ChatGPT o Copilot. No hay que aprender una herramienta nueva ni cambiar de ventana.
Tú preguntas a tu IA
Tu IA consulta dictamina
dictamina busca en jurisprudencia verificada
Tu IA responde citando el dictamen
Sin cambiar de herramienta.
Los criterios son la doctrina ya redactada y contrastada contra su fuente. Detrás de ellos está el corpus completo, buscable por los hechos de tu caso, para cuando la materia todavía no tiene criterio escrito.
Cada antecedente trae su número o su rol, para que lo revises y corrobores por ti mismo.
El razonamiento lo pone tu propia IA, con tu plan. dictamina pone la fuente especializada.
Funciona en Claude y en ChatGPT (Plus o superior, con Developer Mode activado).
Cada producto tiene su propia entrada, según lo que busques.
El Estatuto Administrativo (ley 18.834) y el Estatuto Municipal (ley 18.883), artículo por artículo.
Cada semana, lo último de Contraloría y de la Corte Suprema: el caso, un extracto del documento y el criterio de cada pronunciamiento.
Una materia entera resuelta de principio a fin, con la jurisprudencia que la decide y los escritos que hay que presentar.
Próximamente
$9.990 al mes
Un precio accesible para abogados y funcionarios: lo contratas tú, sin necesidad de un convenio institucional.